DESEUROPEIZANDO UNA EUROPA MUY EUROPEIZADA

Tras más de medio siglo luchando por europeizar el viejo continente europeo mucho me temo que nos ha llegado la hora de una paulatina deseuropeización. Y es que, la actual crisis global que nos azota, hace que, los gobiernos nacionales y partidos políticos revisen su discurso, desplegando un argumentario en el que todos afirman tener la solución a los problemas de las maltrechas economías. Existe una ansiedad que ha propiciado reformas legislativas, que no pocas veces, están lejos de los propios principios del partido político gobernante (y esto genera “inseguridad política”).

Es comprensible que en este escenario sea difícil mantener una línea política coherente, lo que genera pérdida de confianza del electorado, desconfianza de los mercados, desplome en los índices de las manidas encuestas, etc.

Pero estos continuos bandazos políticos, se mezclan con otras medidas que tratan de encandilar a sus potenciales votantes, y de paso, camelar algunos del adversario político. En la realidad tangible, se traducen en hechos como los que por desgracia para Europa están estos días en los noticieros de todo el mundo y me refiero a las deportaciones de personas de etnia gitana.

Y es que detrás de una masiva expulsión de gitanos, posiblemente lo que exista sea una operación electoralista de ámbito interno y es que el presidente francés no le viene nada mal ganar popularidad de cara a sus próximos compromisos electorales (recordemos el varapalo que sufrió el conservador “Sarko” en las elecciones regionales, bien por la moribunda izquierda gala o bien por un voto de castigo, según a quién preguntes…), aún a sabiendas de estar adoptando medidas que se escapan a la legalidad en la Unión Europea.

Pero cambiemos momentáneamente de tercio… ¿Qué pasa en los Estados de la Unión Europea? ¿Tienen soberanía pero sin poder real? ¿pueden legislar a su antojo? ¿son libres solo en sus políticas internas? Lo cierto es que los estados miembros de la Unión Europea han cedido parte de su soberanía en aras de la construcción de una comunidad política con personalidad jurídica única y sujeto de Derecho internacional, con vistas a que las Comunidades Europeas compitan con mas fuerza, con el resto de superpotencias económicas.

La cesión de soberanía ha ido progresando durante el proceso de formación de la Unión Europea. Ha sido de tal forma que, la Unión cuenta con órganos legislativos que han creado su propio Ordenamiento Jurídico, que hoy cuenta ya con un extenso acervo normativo. Tenemos por tanto, una coexistencia de normas, lo que nos ha de llevar a estudiar las relaciones entre los Ordenamientos Jurídicos Internacional, Europeo y Nacional de cada Estado. Como no podía ser de otra forma, este trabajo ya lo ha realizado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas(TJCE) en varios pronunciamientos.

Así, el TJCE en la Sentencia Costa/E.N.E.L del año 1964, manifestó que “el Tratado de la Comunidad Económica Europea ha creado un ordenamiento jurídico propio, que con la entrada en vigor del Tratado se ha integrado en los ordenamientos de los Estados miembros y que ha de ser aplicado por los órganos jurisdiccionales de éstos”. El TJCE sigue diciendo que “esta incorporación de disposiciones de Derecho comunitario y, en general, de la letra y del espíritu del Tratado, al Derecho de cada Estado miembro tiene como consecuencia que para los Estados es imposible hacer valer una medida unilateral posterior contra un ordenamiento jurídico aceptado por ellos sobre una base de reciprocidad”, es decir se consagra su primacía sobre los Ordenamientos internos de los Estados que la conforman.

De forma que, la transferencia hecha por los Estados de derechos y obligaciones, están establecidas en el Tratado constitutivo, y esto hace que desde su ordenamiento interno exista hacia el ordenamiento comunitario una limitación definitiva de sus derechos soberanos, contra la cual, no puede prevalecer un acto unilateral ulterior, incompatible con los principios fijados por la comunidad.

El problema surgido con las personas de etnia gitana de origen rumano y búlgaro entronca con el derecho de los ciudadanos de la Unión Europea a libre circulación y residencia en el territorio de los Estados que la integran (no entraremos en el espacio Schengen, que es harina de otro costal).

El derecho de libre circulación de las personas dentro del territorio de la Comunidad comenzó con el Tratado constitutivo de la C.E.E., firmado en Roma en 1957, donde estaba muy ligado a la actividad laboral; En 1990 una propuesta oficial de España llamada “Hacia una ciudadanía europea” avanzaba en este sentido, pero fue posteriormente el Tratado de la Unión Europea el que vino a institucionalizar la “Ciudadanía Europea”, en un sentido mas amplio, de forma que la libre circulación de personas es una libertad fundamental e inalienable reconocida a los ciudadanos de la Unión tanto por los Tratados como por la Carta de los Derechos Fundamentales, y que constituye uno de los pilares de la mentada “Ciudadanía Europea” así se refleja en la Directiva 2004/38/CE de 29 de abril de 2004 relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

Pero, si los políticos necesitan votos, no pueden legislar con libertad y tienen un problema con una norma europea … ¿se puede límitar en un Estado de la Unión una libertad considerada fundamental?, para contestar hemos de fijarnos ahora en la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2007, sobre la Aplicación de la Directiva 2004/38/CE, que dice que, si existe la posibilidad de expulsión de un ciudadano de la Unión, pero dentro de unos límites muy precisos y prevé, fundamentalmente que sólo se limitará la libertad de circulación y residencia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, pero estas razones no podrán alegarse con fines económicos y además se condiciona a que todas las medidas adoptadas deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y basándose exclusivamente en la conducta personal del interesado, y en ningún caso en razones de prevención general.

De lo que se colige que es necesario para expulsar a un ciudadano europeo un estudio pormenorizado del caso individual, procediéndose a examinar su situación personal, en particular la duración de la residencia del interesado en su territorio, su edad, estado de salud, situación familiar y económica y su integración en el Estado miembro de acogida, estas garantías nos dibujan la exigencia de un procedimiento garantista. Mucho me temo que no es este el caso de las expulsiones de gitanos en el país vecino, franceses de nacimiento muchos de ellos, aunque con orígenes rumanos, búlgaros, húngaros, etc.

Otra pregunta es ¿por qué pasa en Francia y en este momento? En julio de este año, tras el ataque a la gendarmería en Saint Aignan (en la Francia central), por medio centenar de gitanos en protesta por la muerte de Juigi Duquenet, un joven gitano (de origen rumano). La muerte de este joven, se produjo, (según apareció en los medios de comunicación) por disparos de un gendarme durante una persecución en automóvil, después de que el joven gitano se saltara un control policial de carretera (en versión policial). Los gitanos que asaltaron el edificio público iban “armados”. Tras estos hechos ha habido un clamor social, que ha provocado que las autoridades francesas adopten la medida de expulsar a todos los gitanos asentados, en los que se han definido como “campamentos ilegales”. Medida ineficaz donde las haya ya que no cabe prohibir la entrada en Francia nuevamente cuando a estos expulsados les venga en gana.

Muchas son las similitudes con lo que sucedió en Italia en 2007, con masivas expulsiones de rumanos (por cierto el mismo año de ingreso de Rumanía en la Unión) tras ser violada y asesinada a golpes la Italiana Giovanna Reggiani, de 47 años, por el rumano Nicolae Romulus Mailat. Esto explica claramente que Silvio Berlusconi, mostrara públicamente su apoyo al presidente francés, en su política de deportaciones de rumanos y búlgaros de origen gitano.

De forma oficial el Estado Francés traslada a la opinión pública que las expulsiones se supervisan judicialmente y se hacen de forma totalmente legal, dirigiéndose a toda persona que no cuente con medios de vida tras tres meses de estancia y asentada en campamentos, incluso publican la dotación económica de los expulsados (no pensemos mal…). Lo que claramene tiene “fumus mali iuris” es otra de las explicaciones dada por el ejecutivo galo que va en el sentido de decir que las deportaciones han sido voluntarias, quizá piensan que somos todos lerdos.

El problema alcanza dimensiones inusitadas cuando hasta Naciones Unidas ha criticado, varias veces, el comportamiento de Francia con la minoría romaní y hasta la administración de Barack Obama exhortó a Francia para que «respeten el derecho de los gitanos».

No es difícil presagiar la imposición de una sanción por parte de la Comisión Europea al Estado Francés, sustanciada en el cacareado expediente que se abrirá por obviar el procedimiento además de no observar las garantías básicas y necesarias para cualquier expulsión de un ciudadano europeo de otro estado miembro, por no hablar de la existencia de ciertos tintes discriminatorios, que a última hora se quieren maquillar desde el Elíseo.

En el viejo continente hay síntomas de la necesidad de recuperar parte de la soberanía cedida a la Unión Europea para poder contentar al electorado sin dar mas explicaciones y esto supone una involución que evidencia el progreso de una deseuropeización, que ha desempolvado la sempiterna crisis.

De todas formas una sanción bién vale un puñado de votos en época de crisis, debió sopesar el enérgico presidente francés. No obstante, para estos casos tengo un dicho y es que: “todo al cocer mengua”, en fin veremos en que queda todo, porque no hay que olvidar el gran peso de Francia en la Unión y las cada vez mas numerosas adhesiones de peso, a la intención de poner límites a una de las libertades bandera, de la moderna Unión Europea.

Personalmente soy de la idea de que mas que limitar la libre circulación por el espacio de la Unión Europea, habría que, buscar soluciones para integrar a los colectivos de personas europeas, que en su mayor parte no tienen ni la mas mínima intención de integrarse en una sociedad que soporta inerme, el repertorio delincuencial que acompaña a determinadas minorías étnicas, eso si respetando los derechos humanos y ofreciendo posibilidades reales y efectivas de integración, pero … quién le pone el cascabel al gato?

Por cierto me pareció realmente irónico el comentario que hizo un tertuliano en la Cadena Ser, este día, que afirmaba el origen gitano de Nicolás. Lo que si se sabe a ciencia cierta es que tiene raíces judías por parte de madre… curiosos orígenes para un emigrante Húngaro (país con una alta tasa de ciudadanos de etnia gitana).

L. Novo.